La aplicación de la Ley de la Cadena condena a agricultor y comercializador, según Coexphal
Esta organización hortofrutícola considera que el Gobierno debe utilizar a las organizaciones interprofesionales para que sean éstas, con todos los agentes del sector (incluidos distribución y consumidores) las encargadas de lograr una mayor eficiencia y equilibrio en la cadena alimentaria
La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, Coexphal, continúa dando a conocer los efectos perniciosos que tendrán para el sector agroalimentario las recientes reformas incluidas en la Ley de Medidas para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. Extractando parte del artículo de esta ley sobre Condiciones Contractuales, viene a significar que “Los contratos contendrán como mínimo un precio en cuantía fija o variable, que deberá ser el coste efectivo de producción del producto, teniendo en cuenta el coste de los principales inputs del operador, y haciendo alusión expresa a que el precio deberá cubrir los costes de producción”. Además, el texto especifica que “cada operador de la misma deberá pagar un precio igual o superior al coste de producción”. Comunicado de prensa.-
Coexphal considera que esta ley se puede convertir en la condena del sector, sentenciando tanto a agricultores como a comercializadoras a operar en desigualdad con respecto a sus principales competidores, y desde el punto de vista técnico es inaplicable. “El objetivo de esta Ley tiene que ser equilibrar la cadena y fortalecerla, creemos que el eslabón más débil sigue siendo el agricultor y las empresas productoras en origen y por ello necesitamos una Ley que equilibre la posición de ambos. Esta reforma se ha realizado sin contar con las Organizaciones Interprofesionales, en un momento que el Gobierno necesitaba acallar las movilizaciones y reivindicaciones, pero no se han estudiado bien sus consecuencias y al ser de aplicación solo para empresas y productores españoles, entendemos que nos deja en clara desventaja frente a productos de terceros países”, afirma Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal.
Por su parte, Juan Colomina, delegado de Coexphal considera que al estudiar con detenimiento esta legislación se observa su inviabilidad: “Si solo miras el precio mínimo hacia arriba, da la impresión de que todo es maravilloso y vas a cobrar todo por encima de ese precio. Pero si te detienes a mirar por debajo del precio mínimo, te das cuenta de que todo lo que antes cobrabas aunque fuera por debajo de tu coste, vas a dejar de percibirlo. El precio mínimo si va acompañado de una intervención pública donde se te indemniza por todo lo que no puedes vender, porque el Estado te obliga a no vender, podría funcionar dependiendo de cual fuera el precio de intervención. Pero cuando no existe el precio de intervención, ese producto lo cobras a cero”.
Desde Coexphal solicitan que se dé más protagonismo a las organizaciones interprofesionales para que sea en el seno de éstas donde se debata para lograr un equilibro de la cadena alimentaria. “Hace más de 20 años que venimos dando alternativas y no solo nosotros, también la Comisión Europea y el propio Ministerio de Agricultura, y estamos trabajando en ese sentido desde 1996, y unos años después se constituyó Hortyfruta y posteriormente Hortiespaña. La alternativa son las organizaciones interprofesionales donde deben estar representadas todas las organizaciones que intervienen en la cadena de valor (productores y consumidores incluidos) y en su seno trabajar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo sectorial para hacerlo más eficiente”.
Durante el desayuno informativo de esta mañana se ha presentado el hashtag #LeydelaCondena que acompañará a todas las comunicaciones que se realizarán a partir de ahora en busca de un texto normativo acorde a las necesidades reales del sector.
EJEMPLO PRÁCTICO SOBRE EL AGRICULTOR
Pongamos como ejemplo el caso de un agricultor que cultive una hectárea de tomate en invernadero, con una producción anual de 135.000 kilos, con un coste medio de 50 céntimos por kilo, incluyendo su propio salario, el del resto de empleados, semillas, abonos, plástico, fauna auxiliar y un largo etcétera.
Para que sus cuentas cuadren tendrá que facturar 67.500 euros al finalizar la campaña.
¿Cuál sería el resultado de la aplicación de la Nueva Ley de la Cadena Alimentaria?
El 35% de su producción se viene cotizando por debajo del coste de producción, 47.250 kilos, por los que antes obtenía algunos ingresos y ahora se quedarán sin vender. La nueva Ley de la Cadena se traducirá en una menor facturación y un incremento del 54% de su coste de producción (+0’26€/kg).
EJEMPLO PRÁCTICO SOBRE LA COOPERATIVA
Para una comercializadora, que cuente con 100 socios y 100 hectáreas de tomate, con una producción anual es 13,5 millones de kilos y una facturación de 12,5 millones de euros, su coste de producción medio en destino será tendrá un coste medio por kilo será de 0,93€ incluyendo el pago al productor, los gastos de manipulado, envases o transporte.
¿Cuál sería el resultado de la aplicación de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria?
El 35% de su producción se venía vendiendo hasta ahora por debajo del coste medio, pero obtenía ingresos por ella. A partir de ahora, ésta se quedará sin poder vender, lo que se traducirá en una escalada de sus costes de producción y una caída de los ingresos por valor de 810.000 euros.
Para evitar que la cooperativa y los agricultores vean descender su facturación debería incrementar el precio de venta en 0’32€/kg ¿Asumirán primero el cliente y después el consumidor este incremento?
Ana Rubio