Sin cobertura, sin medios y con riesgo de sanción: Asaja exige un aplazamiento para el registro electrónico de fitosanitarios
Reclama claridad normativa, libertad para elegir herramienta digital y una acción coordinada con otros Estados miembros.
Asaja ha solicitado formalmente al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, D. Luis Planas, un aplazamiento hasta el 1 de enero de 2028, de la obligación de mantener registros electrónicos de los tratamientos fitosanitarios, prevista en la normativa europea [Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564]. La organización considera que el sector todavía no está en condiciones de cumplir esta exigencia de forma generalizada.
Pese al aplazamiento ya concedido por la Comisión Europea, Asaja sostiene que persisten importantes dificultades de adaptación en miles de explotaciones agrarias. Los casos más críticos son las pequeñas y medianas explotaciones, que disponen de menos recursos técnicos, económicos y administrativos. También lo son las zonas con problemas de conectividad, donde la cobertura deficiente dificulta el uso de aplicaciones y plataformas, y los agricultores de mayor edad, que necesitan formación y acompañamiento adicionales. Exigir el cumplimiento en las fechas actuales supondría, a juicio de la organización, una carga administrativa añadida que muchas explotaciones no pueden asumir. Además, generaría inseguridad jurídica y riesgo de sanciones para explotaciones que actúan de buena fe.
A estas dificultades se suma el riesgo de confundir esta exigencia con el Cuaderno Digital de Explotación (CUE). Asaja recuerda que la obligación europea se refiere únicamente a la existencia de registros electrónicos legibles por máquina de los tratamientos fitosanitarios, y que no impone una herramienta concreta ni un sistema nacional determinado. Por ello, la organización solicita que sea válida cualquier solución digital que cumpla los requisitos técnicos de la norma, como puede ser el Excel. Igualmente, ha solicitado que el Gobierno de España, en lugar de exigir el registro a los 30 días de aplicación del producto fitosanitario, haga uso de la flexibilidad que le otorga la normativa europea y, en la norma nacional, se incluya poder anotar los registros hasta el 31 de enero del año siguiente al año de uso de dicho producto.
Asimismo, Asaja insta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a liderar una iniciativa conjunta con otros Estados miembros y a llevar esta cuestión al próximo Consejo AGRIFISH, como punto de «Otros asuntos» (AOB). A juicio de la organización, las dificultades de adaptación se repiten en explotaciones de numerosos países de la Unión, de modo que una posición común daría más fuerza a la petición de aplazamiento ante la Comisión Europea.
Con ese objetivo, Asaja desarrollará contactos con organizaciones homólogas de Francia, Alemania, Italia, Portugal, Grecia, Polonia y Rumanía, y trasladará después la postura compartida a las instituciones europeas y a los Gobiernos nacionales. Igualmente, Asaja exigirá, en las reuniones que mantendrá en los próximos días con los partidos políticos de cara a las elecciones del 29 de noviembre, compromiso de aplazar esta obligación. La organización reitera que apoya la digitalización del sector y sus beneficios en trazabilidad y gestión, pero defiende que se aborde de forma gradual, realista y con un apoyo efectivo a las explotaciones.
Ana Rubio
