– Hace casi un año que COAG Andalucía decidió volver a formar parte de la Interprofesional de Frutas y Hortalizas con el objetivo de afrontar la gestión de las crisis de precios a través de la no comercialización de las segundas categorías.
– Se pide a Carmen Crespo, titular de la Consejería de Agricultura, que el equipo responsable priorice la tramitación de la extensión de norma para poder llevar a la práctica lo que todo el sector agroalimentario almeriense está reclamando, en plena situación de bajada de precios.
La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, COAG Andalucía, pide a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y, en concreto, a su titular Carmen Crespo, que priorice la publicación de la extensión de norma gracias a la cual productores y comercializadores almerienses podrán afrontar la gestión de las crisis de precios en la que ya se está viendo inmersa el sector, en plena campaña de producción. Comunicado.-
Hace casi un año se tomó la decisión por parte de COAG de formar parte de la Interprofesional de Frutas y Hortalizas (Hortyfruta), desde la cual se tomó la decisión unánime de recurrir a la retirada de las segundas categorías ante las situaciones de crisis, mostrándose asimismo la Consejería de Agricultura de acuerdo con esta solución. “Todos estuvimos de acuerdo en ese momento –indica Andrés Góngora, de COAG Andalucía- en que, para superar una situación crisis de precios, anular las ventas de segundas categorías sería muy positivo. Tras esta situación la Consejería tan sólo debía declararlo obligatorio para todos a través de la puesta en marcha de la extensión de norma. Pero un año después, la Consejería aún no ha resuelto el procedimiento y de ahí que nos veamos obligados a denunciar hoy este retraso que tanto está afectando al sector”.
En la actualidad Hortyfruta está configurada por todo el sector, incluyendo en su mesa una representación de todos los operadores, desde las organizaciones productoras hasta las comercializadoras. Ante un momento de crisis, todos los agentes decidirán cuándo deben empezar las retiradas pero es necesario implementar una fórmula para que la medida sea cumplida por el cien por cien del sector lo que se conseguiría, según explica Góngora, secretario provincia de Coag Almería, gracias a la extensión de norma: “No serviría de nada que unos pocos retiremos segundas categorías y el resto no. Además, no tiene sentido vender primeras categorías a precios bajos y luego encontrar en los supermercados productos de segunda. Sabemos que no es la situación perfecta pero creemos que puede ayudar mucho en una situación como la que estamos viviendo en la actualidad. De hecho, desde Hortyfruta, empezamos a trabajar el año pasado pensando en el arranque de esta campaña. Pero a día de hoy, no se ha conseguido que por parte de la Consejería la extensión esté publicada. Instamos a la Consejería, y a la consejera directamente, a que tome cartas en el asunto y que desbloquee esta situación de una vez por todas”.
Presenta poco margen de justificación que la norma se encuentre aún en los despachos, siento ésta una medida a la que el sector ha conseguido llegar tras años de negociaciones, esfuerzo y cesiones por parte de todos los operadores. La retirada de las segundas permitiría no mandar productos de inferior categoría cuando hay una situación de sobreabastecimiento de producción, teniendo en cuenta también las importaciones que vienen de terceros países y pudiendo así gestionar una salida de la crisis más rápida y efectiva.
“Creo que la Consejería no está en contra de que se ponga en marcha una medida que están reclamando el conjunto de organizaciones que representamos el sector, la mayoría de los agricultores e incluso las comercializadoras, quienes ya han superado sus reticencias pasadas –continúa explicando Góngora-. Pero la Consejería quizá se está viendo superada ante la labor de vigilancia y control que la norma les exigiría para verificar que efectivamente esas segundas categorías no se vendan. Oficialmente solo indican que a efectos jurídicos están intentando buscar el encaje legal para llevarlo a cabo, a pesar de que se han emitido ya varios informes jurídicos que avalan suficientemente este aspecto. Por lo tanto solo nos queda por pensar que realmente es una falta de voluntad”.
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Ana Rubio