Es una potestad que tiene la Interprofesional de frutas y hortalizas, no exenta de polémica. La publicación de una extensión de norma de calidad, en la que se trabaja desde hace tiempo, supondría en la práctica retirar del mercado todo lo que no sea de primera categoría como solución ante situaciones de crisis de precios, como la actual.
Este asunto ha vuelto a centrar, junto a las importaciones de terceros países, parte del discurso de las organizaciones agrarias que esta semana registraban en la Subdelegación del Gobierno en Almería la movilización del próximo 8 de octubre. En sus declaraciones a los medios, representantes como Paqui Iglesias, de la UPA, o Andrés Góngora, de la Coag, reiteraban la necesidad de poder activar un mecanismo como la extensión de norma de calidad para sacar de la UVI una pizarra de precios sin precio.
No es un asunto baladí, sino que tiene mucha enjundia, ya que si se activa dicha extensión de norma de calidad, que prohibiría la comercialización del destrío y de las segundas categorías, estarían obligadas todas las empresas comercializadoras de frutas y hortalizas, incluso aquellas que no formen parte de la Interprofesional.
Quiere esto decir que las empresas independientes también están obligadas, y de no hacerlo serían sancionadas. Precisamente este aspecto, el del régimen sancionador, es el que actualmente estaría perfilando la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, según explicaban a los periodistas los representantes de las organizaciones agrarias.
A este respecto, Andrés Góngora, se expresó del siguiente modo: “Hablamos de situaciones coyunturales poder salvar un producto cuando se hunde, mecanismos de gestión de crisis. Entramos en Hortyfruta para que pudiese haber una extensión de norma en situaciones de crisis de precios, como son las retiradas. Pero después de un año detectamos que hay muy poca voluntad por parte de la Consejería de Agricultura en que dicha extensión se ponga en marcha, ‘nos encontramos palos en las ruedas’”, señalaba el secretario provincial de Coag, “dicen desde la Consejería que hay complicaciones para aplicar un régimen sancionador ante los incumplimientos. Instamos a que se dote de herramientas a dicha extensión de norma que queremos que sea de retirada de segundas categorías, ante situaciones de crisis de precios, pero con garantía de cumplimiento. Las sanciones son importantes”.
Pero dicha medida, la extensión de norma, ¿sería parte de la solución o parte del problema? Un debate con diferentes aristas. Estaremos atentos.
Ana Rubio