La OLAF ya confirmó en 2007 la existencia de irregularidades en el régimen de importación de productos hortofrutícolas marroquíes.
Los puertos de España y Francia se convierten en un “paraíso fiscal” para las hortalizas de Marruecos
COAG ha presentado una denuncia ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) con indicios sobre una presunta red fraudulenta para sortear el pago de los derechos aduaneros de las importaciones agrícolas marroquíes. De forma reiterada, se ha solicitado a las autoridades información detallada sobre las cantidades satisfechas por las empresas que introducen hortalizas en la UE pero, en ningún caso, se han facilitado datos al respecto. “Es un ejercicio de oscurantismo y dejación de funciones. Los indicios apuntan a que no se cobra nada y, en la práctica, los puertos españoles y franceses son un coladero de frutas y hortalizas de países terceros sin control”, ha afirmado Andrés Góngora. Comunicado de prensa.-
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado una denuncia formal ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en la que presenta indicios sobre una presunta red fraudulenta para sortear el pago de los derechos aduaneros de las importaciones agrícolas de Marruecos. En el escrito de denuncia, COAG solicita a la OLAF que inicie investigaciones para constatar que las autoridades competentes, y en particular los gobiernos español y francés, no están procediendo de manera irregular en perjuicio de los agricultores y los contribuyentes de la UE.
Durante los últimos años COAG ha solicitado de forma reiterada a las autoridades competentes información detallada sobre las cantidades satisfechas por parte de las empresas que introducen dichos productos en la UE pero, en ningún caso, se han facilitado datos al respecto.
“Desde hace años estamos pidiendo al Ministerio de Agricultura que nos facilite información sobre el cobro de las tasas arancelarias por parte de la Agencia Tributaria en los puertos españoles, tasas referidas a los productos hortícolas procedentes de Marruecos que superan el contingente libre de aranceles o derivados de los establecido en el sistema de precios en entrada. Estamos hablando de unos derechos de aduanas que se sitúan en torno a los 400€/tn en tomate, aproximadamente. ¿Dónde está el pago de esas tasas? Los indicios apuntan a que no se cobra nada y, en la práctica, los puertos españoles y franceses son un coladero de frutas y hortalizas de países terceros sin control”, ha precisado Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ya confirmó en 2007 la existencia de irregularidades en el régimen de importación de productos hortofrutícolas marroquíes. “Estas deficiencias no sólo no se han subsanado, sino que se ha deteriorado el sistema de control y regulación tras la reforma del sistema de precios de entrada el pasado año 2014 que favorece el incumplimiento de los pagos en aduana y perjudica seriamente los intereses del contribuyente y de los productores de hortalizas de la UE, en especial de los españoles. Una competencia desleal que ha desestabilizado el mercado y que ha tirado por los suelos los precios, arruinando a nuestros agricultores”, ha lamentado Góngora.
Incremento de las importaciones hortícolas de Marruecos por encima del 40%
Las importaciones de productos hortícolas de Marruecos se han incrementado en los últimos años de manera considerable, tanto en volumen como en valor: la Unión Europea importó 1,4 mill tn de frutas y hortalizas procedentes de dicho origen en 2019. Esto supone un crecimiento del 40% respecto a 2015. En valor, la evolución ha sido similar con un aumento del 42% entre 2015 y 2019, hasta alcanzar los 1.805 mill€.
En el caso del tomate, las importaciones marroquís a la UE han crecido en más de 100.000 tn (+35%) entre 2011 y 2019. En este producto, en particular, se ha denunciado reiteradamente el incumplimiento del sistema de precios de entrada fijado en la normativa comunitaria a lo largo de los años y se desconocen los derechos arancelarios abonados por las empresas de comercio, si es que se hubieran abonado.
Ana Rubio