La Junta de Andalucía considera insuficientes los cambios en la Ley de la cadena alimentaria del Gobierno
Andalucía reclama cambios en el etiquetado y una identificación clara de los precios por los operadores, entre otras cuestiones
La Consejería andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible considera que la modificación de la Ley de la cadena alimentaria planteada por el Gobierno de España resulta de difícil aplicación y ve necesario que se aclaren conceptos fundamentales sujetos a interpretación en la redacción formulada
El Consejo de Gobierno andaluz ha tomado conocimiento del posicionamiento del Gobierno andaluz con respecto a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha elevado a consulta pública. La Consejería considera insuficiente el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, para responder a la crisis de precios en el sector agrario, cuya situación incluso ha empeorado en determinados sectores como consecuencia de la crisis del Covid19.
En la actualidad se está tramitando en las Cortes Generales el Proyecto de Ley por el que adoptan medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación (procedente del referido Real Decreto-ley) y, paralelamente, se ha sometido a consulta pública previa por parte del Ministerio el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
La Junta de Andalucía cree fundamental algunas consideraciones, entre ellas que el Ministerio publique los datos relativos a los costes efectivos de las explotaciones, que han de servir de referencia de los “factores objetivos” para calcular el coste efectivo de producción, los cuales, a su vez, deben ser fijados con independencia de las partes en un marco de colaboración con las comunidades autónomas y el sector agrario.
En Andalucía, además, se consideran insuficientes los parámetros para efectuar dicho cálculo y se plantea incluir los costes de amortización e intereses de los préstamos y productos financieros formalizados para el mantenimiento, mejora y modernización de las explotaciones agrarias, los costes salariales del propio empresario o autónomo agrario, seguros agrarios y seguros en general, costes de comercialización y de promoción, impuestos y arrendamientos.
Subastas electrónicas
Igualmente se plantea prioritario que se valore una prórroga automática en los contratos que, junto al establecimiento de unas buenas condiciones de modificación de los mismos, puede resultar un beneficio importante para el productor. Y se solicita que en los pliegos de las subastas electrónicas se establezca expresamente que no se pueda vender por debajo de los costes.
Asimismo, la normativa debería ser más precisa para impedir actividades promocionales que induzcan al error en el consumidor en relación con el precio del producto, su imagen, calidad y valor. Éste conocería mejor el precio o imagen de los productos si los operadores tuvieran la obligación de identificar su precio real claramente, junto con los objetivos de la promoción, ligados a un mayor conocimiento del producto o potenciación de su consumo.
Respecto a las medidas del Decreto, Andalucía considera que es imprescindible una mayor transparencia y refleja como imprescindible el debate constante con las comunidades autónomas sobre los resultados de las medidas establecidas y la publicación de los informes completos.
Como complemento, Andalucía considera, respecto a las prácticas comerciales desleales, que el Ministerio debería realizar un análisis exhaustivo del modelo europeo de producción y otro del actual funcionamiento de los mecanismos existentes en el sector agroalimentario para su organización, defensa de sus intereses y su actuación ante situaciones de crisis.
Análisis del modelo europeo
El primer análisis debería incluir, como mínimo, el impacto de los factores medioambientales, sociales, de la utilización de recursos, de la legislación en materia de competencia europea, de aspectos jurídicos y vigencia del Principio de Preferencia Comunitario en relación con los acuerdos de la UE con terceros países extracomunitarios y la comercialización de productos alimentarios comunitarios en el mercado de la UE, y en concreto sobre aspectos como la sobreoferta en determinados momentos por la concurrencia de productos comunitarios y procedentes de terceros países y los efectos de la misma sobre una bajada de los precios para el productor comunitario.
Y en relación al segundo análisis propuesto, la Consejería de Agricultura plantea que aborde, con detalle, el funcionamiento de las interprofesionales, de los órganos que tienen encomendadas funciones para la transparencia de los mercados y del conocimiento sectorial de los mercados y de las cadenas de valor, como base para la adopción y aprobación de medidas eficaces para lograr el equilibrio de la cadena alimentaria y el refuerzo de las organizaciones y entidades con el objetivo de mejorar su papel en la regulación de los mercados.
Logotipo UE
Finalmente, Andalucía considera necesario que la Administración del Estado impulse, tanto a nivel nacional como de la Unión Europea, medidas para mejorar el etiquetado para que el consumidor pueda reconocer el origen de los productos y las condiciones en las que se han producido; y en concreto, un logotipo de la UE que avale que se cumple la normativa de seguridad alimentaria y de sanidad vegetal y animal, la normativa medioambiental y la normativa social de la UE, como existe en los productos industriales; y la creación de un distintivo en el etiquetado, de carácter voluntario, para identificar que se han respetado los costes de producción en todos los eslabones de la cadena alimentaria.
Ana Rubio