El CGC apoya la petición de la consejera Mollà y exige al ministro que actúe –ya- contra la amenaza del Greening
El parasitoide traído de Sudáfrica por el IVIA ha demostrado su eficacia y especificidad contra el insecto que porta esta bacteria en Canarias, en la Isla Reunión y en Mauricio por lo que urge liberarlo en Galicia y en Portugal, donde sigue expandiéndose esta plaga y amenazando la citricultura
El Ministerio de Agricultura ha aplazado su suelta a la espera de un permiso de la UE, pese a que tiene competencias para poder hacerlo, lo que a su vez retrasa la decisión en el país vecino
La mayor parte de producción de los viveros portugueses de zonas infestadas por la Trioza erytreae tampoco han sido cubiertos para protegerse del insecto, lo que agrava el riesgo de que la plaga pueda expandirse a zonas citrícolas españolas través de material para injertos o plantones afectados
El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la patronal nacional que aglutina a los exportadores privados, coincide plenamente con los términos de la carta remitida en julio por la consejera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollà, al ministro del ramo, Luis Planas, en la que le advirtió del «grave riesgo» que supondría la llegada del Greening o HLB a España. Efectivamente y como reiteraba la consejera en unas declaraciones públicas también esta semana, para frenar la posible expansión de esta temida bacteria –aún no presente en el Mediterráneo- resultaría clave controlar antes la población del insecto que la propaga, la Trioza erytreae. Este psílido está presente en la Península desde 2014 y en cinco años ha logrado expandirse por todo el litoral atlántico desde La Coruña (Galicia) a Lisboa (Portugal), habiendo traspasado incluso el río Tajo. La primera y más urgente medida para evitar su acceso a las zonas productoras vecinas del sur de Portugal o a las de Huelva, pasaría por liberar en las áreas infestadas gallegas y lusas el parasitoide –Tamarixia dryi- que el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) –el laboratorio nacional de referencia en bacterias vegetales- importó desde Sudáfrica y que ha venido testando en Canarias, donde también está presente el citado vector. El resultado de ése trabajo está disponible ya desde principios de este año. El ministerio, según la contestación remitida ahora a la consejera, aduce que para proceder a su suelta antes necesita una autorización de la UE. El CGC vuelve a coincidir con Mollà en remarcar la evidencia de que, en función de la legislación nacional en materia de sanidad vegetal, se trata de una situación de “urgencia” en la que el Gobierno español sí tiene competencias por lo que su suelta “debería ser inmediata porque está en juego la supervivencia a medio plazo del sector citrícola”.
Así se manifiesta el presidente del CGC, Manuel Arrufat, que agradece de cualquier manera las gestiones realizadas en este sentido por la consejera Mollà. No en vano y para ilustrar de la gravedad del asunto, la propia organización de exportadores ya hizo público en marzo de este año un preocupante informe de impacto sobre las consecuencias de la posible llegada del HLB a España. Un estudio que, de hecho, fue remitido a las autoridades muchos meses antes de ser difundido. Sus conclusiones, dada la inexistencia de cura y la experiencia contrastada en Florida (EEUU) –cuya evolución se extrapoló al caso español- fueron demoledoras: en 7,5 años desde la primera contaminación, la producción nacional de cítricos quedaría reducida a la mitad (de 7 millones de toneladas (Tm), a 3,6) y a los 15 años la citricultura pasaría a ser un cultivo residual. “La situación es de emergencia y la burocracia no debería dilatarlo más. Además, la primera amenaza de esta plaga se da en Huelva –que está a menos de 200 km de las zonas infectadas de Lisboa o incluso en el Algarve pero el Gobierno portugués no actuará hasta que el español se decida, pues es nuestro país quien ha importado y realizado los estudios de este parasitoide”, explica Arrufat.
Los resultados de la investigación del IVIA realizada en Canarias han demostrado que T. dryi es una ‘avispilla’ “altamente específica” y que su introducción, liberación y establecimiento en Europa no afecta a otras especies de psílidos. Este parasitoide, además, ya se ha utilizado con éxito en programas clásicos de control biológico en la Isla de la Reunión y en Mauricio, donde se ha conseguido reducir eficazmente (y sin necesidad de fitosanitarios) las poblaciones de psílidos y su presencia natural en Sudáfrica fue clave para contener la expansión del Greening, que sí está presente en aquel país.
El CGC, además, quiere poner el acento en otro peligro evidente de expansión de esta plaga sobre el que tampoco se está actuando convenientemente: la producción de material vegetal para injertos o venta de plantones de Portugal. Efectivamente, la producción viverística lusa de cítricos se concentra en la zona central del país próxima a Coimbra, con más de 1,2 millones de plantas anuales multiplicadas en alrededor de medio centenar de centros. Esta área, como refleja el mapa de la distribución del insecto a cargo del Ministerio de Agricultura del país vecino –cuyos últimos focos de Trioza datan del 7 de septiembre- está ya dentro o muy próxima a la zona de vigilancia establecida para esta plaga. Sin embargo y pese a que desde el 1 de enero de 2018 es obligatorio que estos centros se protejan con mallas y otras medidas de bioseguridad para evitar el acceso del insecto, sólo siete viveros en todo el país -dos de ellos en esta zona central- han acometido ya las inversiones para aislar sus instalaciones y evitar una posible contaminación de sus plantones o ‘varetas’. En esta línea y como medida preventiva a medio plazo –recomendada en los propios planes de contingencia de las administraciones españolas- el CGC es partidario de que se arbitre una línea de ayudas para facilitar que los viveros de nuestro país –muchos concentrados entre la provincia de Tarragona y Castellón, también en Andalucía pero todos afectados por las consecuencias de la crisis citrícola- acometan ésas mismas inversiones en mejora de sus condiciones fitosanitarias.
Ana Rubio