Ayer tarde quedamos con Inmaculada Fernández, la primera agricultora a la que los operarios enviados por la Dirección de Costas le han derribado el invernadero en la costa granadina. Incluso podéis ver en la imagen – tomada por Ana este lunes antes de anochecer – cómo todavía trabajaban las máquinas que están quitando los últimos restos de un invernadero de 2.000 metros cuadrados plantado de tomate cherry y que estaba previsto que entrase en producción esta misma semana.
“Aún estoy digiriendo que me han tirado el invernadero”, me confesaba Inma, “todavía me falta asimilarlo porque me parece mentira, es como una pesadilla”.
El miércoles pasado por la mañana cuando Inmaculada se dirigía a un colegio de Albuñol para llevar a sus hijos, Sergio y Erika – de 5 y 9 años respectivamente – le avisaban por WhatsApp sus vecinos “para decirme que me estaban derribando al invernadero. Así que me fui corriendo con mis niños, pero no me dejaron acercarme”.
Un dispositivo policial evitaba la entrada a su finca a esta agricultora de la costa de Granada, de 36 años y que lleva toda la vida dedicada a la actividad agrícola. Mientras nos contaba su testimonio, sus hijos merendaban y jugueteaban. Una situación dolorosa para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. Así que ayer tuve que ser especialmente precavido con mis preguntas porque Inmaculada se emocionaba con facilidad al hablar de su explotación.
“En casa estoy dándole vueltas una y otra vez. Lo paso muy mal cuando me acerco al invernadero y veo las máquinas y los tomates todavía en el suelo”, expresaba.
Inmaculada se queja de que ni siquiera le han dejado tiempo para poder presentar el recurso contrario a la demolición de su finca. “El mismo día que ya lo tenía en el suelo, ese día me llegó la carta”, lamentaba.
Su preocupación es aún mayor cuando piensa en el otro trozo de tierra que aún tiene en pie. Un invernadero de pimiento de 3.000 metros que “también está entre los próximos invernaderos que tienen previsto echar abajo”. En cuanto expresaba estas últimas palabras la angustia de Inmaculada se hacía más visible. Al comunicador en este caso solo le queda intentar insuflar algunas palabras de ánimo. El optimismo en estas situaciones puede ser hasta frívolo. Hay que moderar las emociones.
Esta joven agricultora me explicaba a continuación que sobre estos dos invernaderos tiene en este momento unos costes de producción de 15.000 euros (plantas, semillas, etc), entre los que están además los anticipos de campaña a los que tendrá que enfrentarse.
Un invernadero de tomate que llevaba 37 años construido – levantado muchos años antes de la ley de Costas – y que durante décadas ha estado pagando impuestos municipales, ahí está la contribución.
Un asunto tan esperpéntico como lo es el silencio que demasiados muestran en torno a esta situación, dramática para un centenar de familias que no saben qué sucederá en los próximos días con sus invernaderos situados entre La Rábita y El Pozuelo. La agricultora Inmaculada Fernández lamentaba el escaso apoyo recibido. En la conversación nos acompañaba Antonio Castilla, presidente de la asociación de afectados, que añadía que “hay que luchar para que Inmaculada pueda ser indemnizada y por evitar que se sigan echando invernaderos abajo. Esto hay que pararlo ya”.
Antes de marcharnos Antonio me describía que las máquinas habían estado mezclando este lunes todos los restos del invernadero, entre ellos los alambres, y que algunos de los camiones que se los habían llevado los habían descargado después en lugares/parajes no habilitados para ello. En fin, una arista más de un asunto que se sale de madre desde todos sus ángulos.
Nuestra solidaridad con esta agricultora y su familia y también con su vecino Antonio, el segundo agricultor al que derribaban la semana pasada el invernadero, en su caso con producción de berenjena. El testimonio de Antonio ya lo relatábamos en este otro artículo (pinchar aquí).
Mañana continúa la semana y la severa incertidumbre sobre el futuro del resto de fincas.
Ana Rubio