Desconsuelo y una profunda preocupación entre los 117 agricultores de la costa de Granada que se enfrentan este próximo lunes al derribo de sus invernaderos situados frente al mar. Ayer viernes a mediodía se concentraban en Motril a las puertas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa de Granada pidiendo ser escuchados ante una situación desesperante para estas familias, ya que el anuncio de demolición de sus fincas no viene acompañado de indemnización alguna ni de compensación económica.
“Nos quieren tirar los invernaderos para hacer nada en esos terrenos”, lamentaba la agricultora Nieves López, que produce tomate cherry en su finca de 4.000 metros cuadrados.
Y es que son todos pequeños productores, que tienen en la agricultura su única actividad. “Invernaderos que están desde 1974-75, pagando impuestos desde entonces, hipotecas, contribución”, describía Antonio Jesús Vázquez, “y ahora en 2017 nos los quieren quitar, no hay derecho”.
Antonio, como Nieves, Emilio, Francisco y otros tantos agricultores sostienen que no tiene sentido que la Administración Central, a través de Costas, quiera arrebatarles sus invernaderos – despojándolos de su modo de vida – cuando esas explotaciones “están en una zona inundable, donde no se puede edificar” ni dar ningún nuevo uso a esa tierra.
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Se trata de 25 hectáreas invernadas que han dado una esperanza de vida a muchas de las familias que fueron afectadas por la famosa riada de la rambla de Albuñol en 1973. Una compensación otorgada en aquella época por la Administración del Estado, la misma que décadas después pretende extinguir aquel compromiso moral contraído con familias que lo perdieron todo y que gracias a estos invernaderos han podido salir adelante durante estos años. “Desde la nube (refiriéndose a la riada) nos dedicamos aquí a la agricultura pagando nuestra contribución por estas tierras y ahora… ¿querrán dejar estos terrenos baldíos y a nosotros sin nada?”, criticaba Francisco López, productor de habichuela.
Durante la concentración a las puertas del edificio de la Mancomunidad – mientras sus representantes estaban reunidos con el responsable de esta entidad, Sergio García – me contaban los distintos corros de agricultores muchas historias personales, testimonios que evidenciaban el problema humano que hay detrás de una cuestión que trasciende los límites de la burocracia. Invernaderos que han permitido dar estudios a los hijos, recolocar a familiares, sacar del paro a muchas manos y sobre todo dar prosperidad a un territorio que durante décadas ha sufrido malas comunicaciones y dífícil acceso y en el que la agricultura se ha convertido en el único pilar que ha mantenido sujeta la población en estos núcleos. Las 25 hectáreas afectadas están comprendidas entre La Rábita, El Pozuelo y Huarea.
Lunes 6 de noviembre
A la protesta de ayer no acudieron todos los agricultores afectados, un grupo de ellos permaneció vigilando los invernaderos, ya que temen que en cualquier momento puedan entrar las máquinas para desmantelarlos. De hecho, está previsto que este próximo lunes 6 de noviembre acudan equipos y personal enviados por la Administración con este propósito. Los agricultores no están dispuestos a marcharse de sus fincas porque si las pierden, “lo perdemos todo”, esgrimían desde la plataforma de agricultores afectados del litoral de Albuñol.
De la reunión de ayer los afectados sacaron el compromiso de la Mancomunidad de mediar para que sean escuchados por el Subdelegado del Gobierno en Granada (hasta el momento ha declinado hablar con estos agricultores) y también para que sean atendidos por representantes de la Administración autonómica. En cualquier caso, dicha promesa – por bienintencionada que sea – se enfrenta este lunes a la posible demolición de estas explotaciones. La urgencia de la situación obliga a que cualquier reunión que se quiera llevar a cabo – más allá de las buenas palabras – ha de hacerse con celeridad, so pena que se quiera atender un problema cuando ya no tenga solución.
Impacto socioeconómico del desmonte de estos invernaderos
Ayer tuve oportunidad de entrevistar a José Muñoz, presidente de Ecohal, afectado también en una de sus fincas y en su empresa Agruportícola, que comercializa parte del género que producen los invernaderos afectados. Muñoz me explicó que en el encuentro llevado a cabo este verano en Madrid con el subdirector de Costas se les pidió un informe que evaluase el impacto socioeconómico que supondría desmantelar todas estas fincas. Del mismo modo que he tenido acceso a dicho informe para redactar las siguientes líneas, desde hace ya algún tiempo está en manos de la Dirección de Costas y de la propia ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Así que la Administración tiene conocimiento de las consecuencias que acarrearía echar el cierre a estas infraestructuras agrícolas.
A grandes rasgos, hay 117 agricultores afectados, 25 hectáreas de invernaderos. Entre los principales cultivos está el tomate cherry (2,7 millones de kilos) y la judía (1,1 millones de kilos) que generan un valor de cara al agricultor de 5,9 millones de euros. Hay en juego, solo en actividades de recolección 40.000 jornales anuales. En definitiva, la riqueza de un territorio que vive por y para la agricultura.
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Ana Rubio