La Junta de Andalucía solicita al Ministerio una norma que unifique los criterios para calcular posibles indemnizaciones por Xylella. Rodrigo Sánchez pide una previsión presupuestaria que permita garantizar la mayor agilidad de las compensaciones en caso de llegar a ser necesarias.
El consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, solicitaba ayer al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que establezca “un marco jurídico que dé seguridad a los agricultores” y evite posibles desigualdades entre productores que puedan verse afectados por la Xylella fastidiosa en distintas Comunidades Autónomas. Sánchez Haro considera “imprescindible” contar con una norma que unifique la cuantía y los criterios para el cálculo de las compensaciones que establece la Ley de Sanidad Vegetal y con “una previsión presupuestaria para garantizar a los afectados la mayor agilidad en el trámite de las indemnizaciones” en caso de ser necesarias.
En su intervención en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada ayer tarde en Madrid, Rodrigo Sánchez ha recalcado que la lucha contra esta bacteria es “un asunto de absoluta prioridad” para Andalucía y que, como concluyeron los representantes del sector reunidos en la Mesa de Sanidad Vegetal la pasada semana, la Xylella “debe combatirse entre todos: administraciones y agentes privados”. “Nuestra intención es trabajar en estrecha colaboración con el Ministerio, reforzando la estrategia nacional” y vamos a extremar las medidas contempladas en la Estrategia Andaluza, ha apuntado el consejero. Esta planificación contempla medidas de vigilancia, prevención y detección de la bacteria, así como investigación, formación y difusión de información.
La Consejería de Agricultura trabaja en la lucha contra la Xylella fastidiosa desde 2014 articulando actuaciones para evitar su llegada a la Comunidad Autónoma y vigilando el estado del campo andaluz. Hasta la fecha, todos los controles realizados han dado resultado negativo para esta bacteria.
Durante la Conferencia Sectorial se ha abordado también el reparto de casi 123,3 millones de euros entre las regiones españolas de los que a Andalucía le corresponden 32,7 millones de euros (27%). La Junta destinará estos fondos al fomento de la calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de reproducción (189.510 euros), al mantenimiento de las razas autóctonas (182.138 euros), el control del rendimiento lechero (124.843 euros), el fomento de la apicultura (532.477 euros), la erradicación de enfermedades de los animales (más de 2,7 millones de euros), el fomento del consumo de frutas en las escuelas (78.985 euros) y al Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 (cerca de 29 millones de euros).
Consejo Consultivo
Rodrigo Sánchez ha participado también esta tarde en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, que entre otros asuntos ha abordado la actual situación de sequía en Portugal. El consejero andaluz ha apostado por tratar el problema de gestión del agua “de manera integral”, es decir, trabajando el Ministerio y las Comunidades Autónomas conjuntamente para que “los recursos hídricos no convencionales formen parte de la solución”. Para ello, el consejero reclama que el Gobierno central “contemple un mayor desarrollo de la regulación estatal del agua desalada” y que se las administraciones trabajen unidas para buscar soluciones a “los problemas de índole legal y técnica que tienen los regantes”.
Sánchez Haro ha explicado que, en el caso de Andalucía, desde la Junta se está trabajando para poder “reconocer esta sequía como circunstancia excepcional y eximir a los productores de requisitos de admisibilidad para el cobro de las ayudas”. Además se está estudiando la posibilidad de proponer al Ministerio la reducción de los índices de rendimiento neto del IRPF en las actividades afectadas y la mejora de la cobertura del seguro agrario.
Por otro lado, el consejero ha aplaudido el acuerdo alcanzado en torno a la propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo sobre Producción Ecológica y el etiquetado de estos alimentos, ya que esta normativa “proporciona confianza y seguridad al consumidor, ordenando y armonizando procedimientos de detección de sustancias no autorizadas y garantizando el buen funcionamiento del Mercado Único”. Asimismo, la reglamentación contribuirá a facilitar la certificación ecológica para los pequeños productores, regulará las explotaciones mixtas y de producciones sin suelo en invernaderos y permitirá indicar la región en el etiquetado, una medida solicitada por el Gobierno de Andalucía.
Ana Rubio