El sector citrícola valenciano estima en 131 millones de euros las pérdidas de la campaña y reclama medidas que garanticen su supervivencia en el futuro. Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, LA UNIÓ, AVA y FEPAC han comparecido para ofrecer su valoración sobre la campaña citrícola 2016-17 y para exigir a las Administraciones Públicas la defensa del sector a todos los niveles. Se ha reclamado la adopción de medidas de impulso en materia de fomento de la competitividad, protección de las rentas de los agricultores, relevo generacional, refuerzo de los productores en la cadena alimentaria, defensa fitosanitaria y competencia en igualdad de condiciones con terceros países.
El Palacio de los Mercader ha acogido en la mañana de hoy una comparecencia de representantes de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, AVA y FEPAC para denunciar la actual situación de la citricultura valenciana, que viene sufriendo desde hace años una crisis continuada que amenaza la pervivencia del sector tal y como lo conocemos.
A nivel general, las pérdidas para el sector citrícola de la Comunitat Valenciana durante la campaña 16-17 se pueden estimar en 131 millones de euros. A nivel de exportación, tomando como referencia el informe de Comercio Exterior de Cítricos de la Comunitat Valenciana, elaborado a partir de datos de la Secretaría de Estado de Comercio, a finales de enero del presente año, las exportaciones habían caído respecto a la campaña anterior un 1% en volumen y un 5% en valor, cifra muy significativa teniendo en cuenta que el aforo citrícola de la Comunitat indica que la producción de la campaña será un 23% más que la de la campaña pasada. La situación es especialmente grave, por ejemplo, para los productores de mandarinas, con descensos acumulados del 1% en volumen y del 9% en valor de la producción exportada.
Los representantes de las entidades convocantes han denunciado que el cultivo de cítricos en la Comunitat se ve amenazado por factores como la falta de relevo generacional (sólo el 6% de los titulares de explotaciones agrarias valencianas son menores de 35 años, frente al 50% que tiene más de 65 años), el descenso continuado de las rentas de los productores, la ausencia de reciprocidad en las condiciones de acceso a los mercados comunitarios en comparación con los productos procedentes de terceros países, o las amenazas fitosanitarias, en forma de plagas y enfermedades, que acechan por la laxitud de los controles fitosanitarios realizados en frontera en algunos Estados Miembro de la Unión.
Tabla reivindicativa
Para hacer frente a este panorama desolador, el sector exige a las Administraciones Públicas la adopción de medidas tendentes al fomento de la competitividad de la citricultura valenciana, al relevo generacional, al refuerzo de los productores en la cadena alimentaria o al establecimiento de mecanismos que protejan las rentas que perciben los agricultores. Asimismo, ha defendido la exigencia a Bruselas de reciprocidad a las exportaciones procedentes de terceros países para acceder a los mercados comunitarios, y mayor protección fitosanitaria para las producciones citrícolas comunitarias en general y valencianas en particular.
Entre las propuestas concretas, se han citado entre otras la instauración a nivel nacional de un seguro de rentas, medida que también sería conveniente trasladar a la próxima PAC a través de la creación de un seguro de mercado. También se ha incidido en la negociación de una PAC que sea sensible con las características y necesidades de la agricultura mediterránea. Por otra parte, en materia de seguridad fitosanitaria, se ha exigido el refuerzo de los controles en frontera y el establecimiento de mecanismos como las “listas positivas” para las exportaciones procedentes de terceros países.
Por último, los representantes del sector también han reclamado la publicación de la esperada y comprometida Orden Ministerial de reducción de módulos del IRPF, ante la cual han asegurado que se mostrarán especialmente vigilantes con su contenido, habida cuenta de la disparidad de criterios y arbitrariedad de la Orden publicada el año pasado, que obligó a la publicación en el BOE de sucesivas correcciones que no fueron suficientes para satisfacer plenamente a todos los afectados por condiciones meteorológicas excepcionales en la Comunitat.
Ana Rubio